Declaración de ULEPICC España en apoyo a los sistemas de evalución científicos públicos y sin ánimo de lucro
El sistema de evaluación de la producción académica es un eje muy relevante de la política científica. Los resultados de ese sistema de evaluación determinan la carrera académica de los docentes e investigadores y las decisiones de financiación de proyectos.
Desde 2006, el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC) del CSIC viene desarrollando el sistema DICE de evaluación de revistas científicas españolas en Humanidades, en Ciencias Sociales y en Ciencias jurídicas. Lo hace mediante un convenio de colaboración con ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, del Ministerio de Educación.
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas) es por tanto una herramienta pública de evaluación. Se elabora con independencia, rigor y sistematicidad. Goza de reconocimiento general, siendo útil, por ello, no sólo para la ANECA.
En enero de 2013, esta agencia estatal ha dejado de financiar DICE, lo que ha paralizado su actividad. Esto va a provocar la desactualización del sistema de forma progresiva hasta una definitiva inutilidad. Y como consecuencia de ello, un enorme perjuicio para los humanistas y científicos sociales que publican en revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales, que apenas están cubiertas por otras fuentes de indicadores internacionales como la Web of Knowledge (WoK) o Scopus. Estos indicadores internacionales pertenecen a corporaciones privadas, empresas multinacionales, negocios basados en la generación de beneficios a partir del control de los escaparates de difusión y publicación científica.
Este golpe a DICE se inscribe en un marco en el que no falta dinero público que fluya hacia herramientas de evaluación privadas mientras se corta la financiación o se decreta una precariedad económica para herramientas de evaluación que se desarrollan en España por instituciones públicas.
De la cuenta de dinero público de la ciencia en España, a través de la FECYT –Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad– pagamos millones de euros a la empresa multinacional Thomson Reuters para que las universidades españolas puedan entrar en WoK, que es la base de datos donde teóricamente se encuentran las mejores revistas del mundo. Según datos del BOE, en 2008 se le pagó casi 1,5 millones de euros y en 2011 más de 3 millones de euros.
Una factura que pagamos junto a las de otras multinacionales del sector, de cuyos indicadores de impacto se cuestionan tanto su valor como su rigor, dado que, en ocasiones, la fórmula de cálculo y la trazabilidad de los indicadores no son transparentes y no pueden ser reproducidos.
Con el pago a estas fuentes de indicadores a veces se produce una paradoja: resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos son accesibles mediante pago a entidades privadas.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada, el EC3 (Grupo de Investigación de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) ha desarrollado otras herramientas de evaluación de referencia, que también están siendo ahogadas económicamente al cortársele igualmente la financiación: los índices de impacto de revistas españolas de ciencias sociales, In-RECS; de ciencias jurídicas, In-RECJ; y de humanidades, In-RECH.
El In-RECS, en concreto, dada la escasa presencia de revistas españolas de Comunicación en el índice de la multinacional Thomson Reuters (WoK), es el referente desde hace un decenio en España para evaluar la producción científica de los investigadores de este campo. Su coste anual es de 30.000 euros.
Es evidente que, con el monto de la factura a alguna de las empresas multinacionales que surten de fuentes de indicadores de evaluación, se podría financiar el trabajo del EC3 durante varias décadas. El desequilibrio es notorio y pone de manifiesto una falta de coherencia en la política científica, que está destruyendo servicios y bienes públicos altamente necesarios y perfectamente asumibles, mientras invierte millones de euros en servicios con fines comerciales.
Las personas que suscriben este manifiesto
· Alertan a la comunidad académica de la nociva deriva que está tomando esta dinámica política.
· Denuncian la falta de coherencia de las decisiones tomadas y el perjuicio que se está causando a la actividad científica y académica en España privándole de herramientas públicas como DICE o In-RECS.
· Reclaman al actual responsable de esta política, el gobierno de España a través de sus ministerios de Economía y Competitividad y de Educación, Cultura y Deportes, que racionalice los gastos en fuentes de indicadores de evaluación y asegure la continuidad de las herramientas públicas que han garantizado hasta el momento ese servicio en condiciones de calidad elevada y costes mínimos, lo que constituye, de paso, un ejemplo de máxima eficiencia científica al servicio público de toda la comunidad científica y de la sociedad.
